En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios de la Legislatura del Estado de Querétaro cumplieron en tiempo y forma con la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, de los servidores públicos que conforman el Poder Legislativo, tal y como lo instruyó el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Antonio Zapata Guerrero.
“La Declaración Patrimonial forma parte de los instrumentos de rendición de cuentas previstos por la Ley” comentó el titular de la Contraloría Interna, Carlos Antonio Contreras López, quien indicó que se invitó a los funcionarios del Congreso del Estado a dar cumplimiento a esta obligación, para que rindieran cuentas claras sobre los ingresos y egresos con que cuenta su patrimonio.
En este sentido, el contralor informó al presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata, que los 108 servidores públicos estuvieron obligados a este procedimiento, incluyendo a los legisladores, directores y funcionarios en general, todos ellos cumplieron en tiempo y forma con la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“A partir de las reformas en materia de anticorrupción de 2017, se fijó como un instrumento de rendición de cuentas el sistema de evolución patrimonial y declaración de intereses de todos los servidores, con ello se dota de transparencia los ingresos de todos los funcionarios y también se hacen públicos los posibles de interés en que pudieran estar”, manifestó el contralor.
El titular del órgano interno de control indicó que el llenado del formato de la Declaración Patrimonial y de Intereses se realiza de manera personal por parte del servidor público, a través de la plataforma digital DeclaraNet Plus.
Asimismo, el contralor informó al presidente de la Mesa Directiva que, como parte de las actividades de prevención y control interno, se realizó un proceso de capacitación y se habilitó una sala de cómputo para que los servidores públicos tuvieran acceso a dicho sistema con asesoría y acompañamiento de la Contraloría Interna.
“Podemos decir que la Legislatura tuvo un nivel de cumplimiento del 100% de conformidad con el padrón de funcionarios obligados a hacer la declaración patrimonial, esto sienta un precedente en la Legislatura y promueve valores como honradez, integridad y rendición de cuentas en el servicio público”, indicó el contralor.
Por último, Contreras López dio a conocer que la omisión en dichas obligaciones, pueden ser castigadas con la inhabilitación de 3 tres meses hasta 1 un año e, incluso, puede haber separación del cargo.