En sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas que integran los Diputados Rosendo Anaya Aguilar, Alejandro Bocanegra Montes y Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Ley sobre intervención de personas indígenas en Procesos Contenciosos del Estado de Querétaro; contando con la presencia de Felipe de Jesús Ruiz, representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); de Yolanda Elías Calles Cantú, del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ); y de Griselda Ramírez Camacho, representante del Tribunal Superior de Justicia.
El objetivo de esta se debe a que una de las problemáticas más graves a las que se enfrentan las personas que pertenecen a pueblos indígenas ocurre cuando entran en contacto con las instituciones de procuración e impartición de justicia, lo que se traduce en graves violaciones a sus derechos humanos, siendo víctimas de irregularidades en relación a su situación jurídica, como es el caso del abuso de la prisión preventiva, esto se debe principalmente a que no suelen contar con una defensa adecuada que vele por sus intereses legales y que pueda explicar en términos de su cultura las particularidades de su proceso jurídico, además de que en el desarrollo de las audiencias no cuentan con un perito intérprete-traductor que pueda comunicarle a la persona enjuiciada lo que sucede en dicha audiencia ni aquello que se le cuestione o se le solicite declarar.
Motivo por el que resulta sustancial reconocer que el respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en tratados internacionales y en la Constitución federal son condiciones indispensables para la supervivencia de las culturas indígenas, y para que dichos pueblos conserven su identidad, lengua y costumbre, como parte del patrimonio ancestral es necesario contar con este tipo de leyes.
Por lo que el estado y municipios con presencia significativa de pueblos y personas indígenas deberán adoptar las medidas necesarias para contar con intérpretes y defensores que tengan conocimientos de la lengua y cultura dentro del territorio de su competencia, a fin de asegurar que las personas indígenas que no entiendan correctamente el castellano no queden desprotegidas. Además de que el Instituto Electoral de Querétaro, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el Tribunal Superior de Justicia están obligados a dar cumplimiento en los diferentes ámbitos de su competencia con esta disposición.
El presidente de la comisión legislativa, Diputado Rosendo Anaya informó que con esta ley se pretende dar certeza a todas aquellas personas que estén en algún proceso contencioso. Dio a conocer que en el país existe una cantidad importante de indígenas, ya que representan el 14 por ciento de la población total del país, es decir 15.7 millones de personas, de las cuales 6.6 millones son hablantes de lengua indígena; los estados que mayormente tienen indígenas son Oaxaca y Chiapas que superan el millón de indígenas; la lengua mayor hablada es el náhuatl, que supera el millón y medio de personas; precisó que el otomí es la lengua que se habla en Querétaro, que cuenta con cerca de 282 localidades, y se cuenta con un total de 75 mil indígenas y de éstos 29 mil son hablantes de esa lengua.
El legislador expresó que de aprobarse esta ley sería la primera en todo el país, pues aun no hay ningún estado que contemple procesos penales, electorales, administrativos, civiles, familiares, laborales y de justicia para adolescentes que cuenten con intérpretes directamente en cada uno de los procesos que se vayan a presentar con las personas inculpadas; dio a conocer que en estos momentos hay alrededor de 36 personas indígenas, entre ellos, cuatro mujeres que se encuentran en procesos penales y que seguramente no han hecho uso de un intérprete, de ahí la importancia que con la aprobación de esta ley se les pueda brindar esa protección. Informó que solamente hay 16 intérpretes certificados en todo el país.
Por su parte, la representante del IEQ, Yolanda Elías Calles dijo que la población indígena históricamente ha estado marginada, sobre todo por la barrera del lenguaje, por lo que garantizarles con disposiciones legales una asesoría, los acerca a esta garantía constitucional de la protección que la ley les debe brindar. Dijo que esta disposición pone a Querétaro en la vanguardia integral de los derechos de la población menor en diferentes ámbitos.
La Licenciada Griselda Ramírez Camacho, representante del Tribunal Superior de Justicia expresó que es muy importante que se les dote de un intérprete a las personas, no solamente para quienes están como víctimas sino también para procesados; comento que esta instancia ya está trabajando con personas que trabajan en el sector educativo o de salud y que además hablan la lengua indígena para que puedan certificarse y conformar un padrón de intérpretes y traductores.
Finalmente, Felipe de Jesús Ruiz, representante de la CDI se congratuló con esta iniciativa ya que marcará un crecimiento importante tanto estatal como a nivel nacional, pues impactará en los demás parlamentos y será el modelo piloto, además de que marcará un precedente en la atención a la población que más lo requiere, que es la población indígena. Indicó que es muy importante que se esté atendiendo a este grupo vulnerable, pues la procuración de justicia en términos indígenas tiene muchas deficiencias, por lo que es importante que se hagan este tipo de acciones.