La diputada Verónica Hernández Flores, junto con el diputado Ricardo Caballero González, presidenta y secretario de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, recibieron esta mañana al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado, Juan Pablo Rangel Contreras, quien hizo entrega formal del Informe de Actividades 2019 de este órgano jurisdiccional.
La presidenta de la Legislatura agradeció su presencia a pesar de la contingencia de salud provocada por el COVID-19, cumpliendo con su responsabilidad pública de hacer entrega de este informe de actividades en el mes de abril, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, el cual afirmó que hará del conocimiento de las y los diputados que integran esta Legislatura para su revisión y se continúe con el trámite conducente.
La diputada Hernández Flores destacó el compromiso del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, al formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción de la entidad, al que se refiere la Constitución Federal y la Constitución del Estado, conduciéndose en los términos de la ley y con transparencia.
“El Tribunal al ser un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, cuenta con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción en todo el territorio del estado, por lo que reconozco la labor de todos quienes lo integran, siempre respetando y velando por las y los queretanos; además de manejarse con observancia para que no transgredan los derechos humanos de las y los ciudadanos dentro de sus facultades”, expresó la legisladora.
Al hacer entrega formal del informe anual de actividades del TJA, el magistrado presidente destacó la modificación y cambio del Juzgado que se encontraba en Cadereyta a San Juan del Río, luego de acordar la creación de una Comisión que analizó y concluyó que así era conveniente:
“Y a partir del 3 de enero de este año ya estamos funcionando en San Juan del Río, solamente decirles como dato estadístico que se incluye en el informe, que durante enero y 14 días de febrero tenemos un 75% más de demandas presentadas ahora en esta localidad, es decir casi el doble de trabajo que se venía generando, lo cual obedece a que la ciudadanía, el tamaño del municipio y todo lo que hay a su alrededor es mucho más apto para las necesidades de la justicia administrativa”, manifestó Rangel Contreras.
Mencionó que continúan con Defensoría de Oficio en la Sierra, en Cadereyta -que se quedó ahí- y en San juan del Río, con lo cual sostuvo que están cubriendo y dándole atención a la ciudadanía.
Por otra parte, informó que están revisando las funciones que lleva a cabo el personal que integra el TJA, para evaluar cuáles son sus características y determinar si tienen o no los perfiles adecuados; proceso en el que detectaron la conveniencia de algunos cambios, que ya realizaron y que los seguirán haciendo, lo que, resaltó, ha permitido elevar los conocimientos y capacidades del equipo de trabajo, así como la efectividad de la impartición de justicia que llevan a cabo.
Por otra parte, afirmó que la Sala Superior del TJA se encuentra integrada cabalmente como órgano colegiado, con los nombramientos que se requerían y que se realizaron el año pasado, por lo que dijo: “Estamos ya cubiertos y en los próximos años no hay ningún cambio, por lo que estamos seguros que nos da una mayor estabilidad el estar todos como órgano colegiado”.
Mencionó que dentro de las acciones a realizar, se encuentra el establecer una Sala Especializada para fincar las responsabilidades de los servidores públicos, lo cual le corresponde al Tribunal al formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción. Refirió que ahora tienen cerca de 34 asuntos que están en curso, 30 desechados y 9 sentencias a servidores públicos dentro del nuevo marco jurídico. No obstante puntualizó que esto lo están haciendo con el propio personal, “es decir que no se ha hecho lo que debería hacerse, que es un Juzgado exclusivamente para sancionar servidores públicos”.
Además dijo que la información que tienen de la Secretaría de la Contraloría del Estado y de los Órganos Internos de Control de las instituciones, es que en los próximos tres o cuatro meses llegarán a tener cerca de 400 o 500 expedientes de responsabilidades de servidores públicos. Señaló que es un número considerable, que no podrán desarrollar con la estructura que hoy tienen, por lo tanto adelantó que solicitarán al Ejecutivo una ampliación de presupuesto para poder consolidar la Sala Administrativa Especializada en la materia.
Sostuvo que en ese aspecto reside el gran reto del TJA, a la par de llevar a cabo una difusión en todo el estado, a nivel ciudadano, de lo que realiza este órgano:
“El otro gran reto que tenemos como Tribunal es difundir la cultura de justicia administrativa, para que el justiciable, el ciudadano, pueda venir con nosotros y hacer valer ese derecho. Para hacer eso tendremos una carga de trabajo muy importante, que debemos tener prevista y estar listos para dar la atención y es donde nos encontramos trabajando”, concluyó.