En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la LX Legislatura, presentó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado, la Iniciativa de Ley que Reforma el Capítulo Tercero del Título Quinto de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con esta propuesta de ley, la legisladora busca garantizar la debida protección de las mujeres y niñas víctimas de la violencia de género: “Priorizar la aplicación de las órdenes de protección, garantizar que las autoridades responsables sean conscientes de la importancia de emitirlas para las mujeres en riesgo, así como mantener la duración de las órdenes de protección hasta que las víctimas dejen de estar expuestas al riesgo, son cambios sustanciales que permitirán el avance hacia un verdadero acceso a la justicia de miles de mujeres”, afirmó.
La diputada Tovar Saavedra estuvo acompañada por las regidoras María Ruth Peredo Balderas y Marisol Montes Medellín, ambas del municipio de Arroyo Seco; así como las regidoras Mónica Hernández Amado de Tequisquiapan y María Guadalupe Ledesma Sánchez de San Joaquín; además de la regidora Domitila Lira Arreola de Corregidora; asimismo estuvieron presentes sus compañeros legisladores Yasmín Albellán Hernández y Juan José Jiménez Yáñez.
Afirmó que en tiempos de crisis, como la generada por la pandemia del Covid-19, las cifras han aumentado. Expresó, en ese sentido, que en el país de enero a mayo 423 mujeres fueron asesinadas por razón de género y delitos como las violaciones crecieron hasta en un 30% en comparación con 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con esta cifra, dijo, México no baja su alarmante estadística de 10 mujeres asesinadas por día.
Mientras que a nivel local, refirió: “Al 30 de septiembre de este año, Querétaro ocupaba el lugar 21 a nivel nacional por la cantidad de feminicidios reportados por la autoridad local, según esta, siete son las carpetas de investigación por el delito de feminicidio registradas en el estado. Sin embargo, la impunidad crece conforme avanza la violencia y resulta complejo tener estadísticas que reflejen la realidad de lo que las mujeres viven diariamente”, expresó la legisladora.
Al respecto, dijo que la Fiscalía del Estado de Querétaro reportó al mes de septiembre 79 casos de violencia de género y 2 mil 856 casos de violencia familiar; mientras que por el delito de violación se reportaron 475 casos en el estado, colocando a la entidad en la doceava posición nacional.
Por otra parte, afirmó que el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia informó que en el mes de octubre se registraron 319 casos de violencia familiar. Dijo que de acuerdo con la cantidad de casos por tipo de violencia, se reportó que 280 mujeres fueron agredidas físicamente, 261 psicológicamente, 74 económicas y 77 sexualmente. Además de que señaló que durante la pandemia, se presentó un incremento del 40% en las medidas de protección urgente, de acuerdo con lo revelado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariela Ponce Villa.
“Es por ello que presento esta propuesta, a fin de diseñar mecanismos jurídicos eficientes y actualizados, que permitan proteger la vida, libertad e integridad de las mujeres y las niñas, pues esta iniciativa atiende a un trabajo de armonización legislativa, cuyo objeto es la homologación de criterios de lo establecido al respecto de las órdenes de protección, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para adecuar lo estipulado en la Ley Estatal en Querétaro”, expresó la diputada Tovar Saavedra.
Explicó que esta reforma está enfocada en establecer la definición y naturaleza de las órdenes de protección de las mujeres y niñas, víctimas de violencia (actualmente entendidas como medidas de protección), así como establecer, con probidad, su emisión, implementación y cumplimiento por parte de las autoridades.
Detalló, en ese sentido, que el proyecto de ley plantea al menos 6 consideraciones trascendentales:
1. Se busca armonizar la Ley Estatal con la norma general, por cuanto corresponde al cambio de denominación de las medidas de protección a órdenes de protección, tal y como se establece en la Ley General, con base en las observaciones y recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
2. Al cambiar la denominación de medidas a órdenes de protección, estas tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, inclusive podrán prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Actualmente las medidas de protección tienen una temporalidad no mayor de 72 horas, y deben expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Con esta reforma se busca que las órdenes de protección deban expedirse de forma inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
La diputada afirmó que lo anterior coincide con los señalado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa, quien habló ya de la posible implementación de uno o dos Juzgados exclusivos que trabajen a través de un sistema de audiencias para que, en un tiempo de 30 a 45 minutos, sean atendidas las medidas de protección urgentes.
3. Se establece la obligación de las autoridades para que cuando, en el ejercicio de sus funciones públicas, tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o una niña, lo denuncie de manera inmediata ante la Fiscalía, estableciendo con ello, que las órdenes de protección se puedan entender de oficio y a petición de parte.
4. Considerando que las órdenes de protección son actos de protección de urgente aplicación, estas se clasificarán en Administrativas: emitidas por las Fiscalías y las autoridades administrativas, y de Naturaleza Jurisdiccional: que son emitidas por los órganos encargados de la administración de justicia.
5. Se establecen al menos 6 principios fundamentales con base a los cuales, las órdenes de protección deberán dictarse e implementarse, tales como el principio de protección, de necesidad y proporcionalidad, de confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad, así como el principio pro-persona.
6. Se propone sancionar penalmente a la persona agresora que incumpla con las medidas decretadas en las órdenes de protección.
Para finalizar, la legisladora Andrea Tovar expresó que hoy es necesario realizar un ejercicio de armonización legislativa, que permita tener actualizados los mecanismos jurídicos a favor de las mujeres y las niñas en situación de violencia. “Por mi parte, estaré buscando los canales de comunicación necesarios para generar la transparencia y la participación ciudadana que impulse los trabajos de discusión y análisis de la propuesta formulada, cuyo objetivo final nos permita avanzar en la prevención y eliminación de todo tipo de violencia en contra las mujeres y las niñas”, concluyó.