La Fiscalía General del Estado informa del aseguramiento de Eric Alejandro “N”, de la Corporación Internacional de Franquicias Elite, por el delito de Fraude Genérico Maquinado, quien ocasionó un daño patrimonial superior a los 30 millones de pesos, tras engañar a más de 100 personas.
En 2017 la Unidad de Delitos Patrimoniales inició carpeta de investigación por un fraude, toda vez que el ahora imputado, quien se hacía pasar como gerente de una empresa ubicada en Centro Sur, ofrecía a los ofendidos inversiones que superaban los intereses otorgados por instituciones financieras, y no obstante que excepcionalmente algunos de los ofendidos recibieron pagos de utilidades, en su gran mayoría éstas nunca les fueron pagadas para finalmente desaparecer de la entidad.
Por lo anterior, elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaron análisis de la información recabada y como resultado de una investigación exhaustiva se logró identificar que la supuesta empresa difundía el servicio de préstamo e inversiones, a través de estaciones de radio locales para captar a los ahora ofendidos, quienes acudían a las oficinas para realizar la entrega del dinero.
Asimismo, se logró la plena identificación del hombre, quien se tiene conocimiento cuenta con antecedentes por el mismo delito en otras entidades como San Luis Potosí y Michoacán.
Una vez recabados los datos necesarios y pertinentes, un Fiscal solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión, por lo que elementos policiales de nuestra institución se trasladaron a Puebla, lugar donde residía el ahora imputado, donde fue ejecutada en coordinación con personal de aquella entidad. En próximas horas, en audiencia inicial se pedirá su vinculación a proceso.
La Fiscalía General del Estado tiene el firme compromiso de esclarecer los hechos delictivos ocurridos en Querétaro, por lo que se solicita su apoyo para que la ciudadanía que haya sido víctima de estos hechos y a la fecha no se haya querellado, acuda a cualquiera de las unidades de investigación, con el fin de recabar más datos de prueba que nos permitan obtener, por parte de la autoridad judicial, la pena máxima señalada en el Código Penal del Estado.