Trabajan coordinadamente la Procuraduría General de la República y el Procuraduría General de Justicia del Estado en el caso del fraude cometido por la caja de horro 30 de agosto, so dos investigaciones las que se iniciaron uno por lo que ve a los delitos del fuero común que atribuyen a la PGJ Y otro por delitos federales los cuales lleva acabo la PGR.
«… tenemos en trámite la averiguación por los delitos que se pidiesen haber cometido, como pudo haber sido un fraude, como pudo haber sido una administración fraudulenta en agravio de los propios socios y eso es independientemente de la investigación que sigue las autoridades federales la PGR, que está verificando un delito tipificado en la legislación fiscal de crédito, una ley federal…». Arsenio Durán Becerra, Procurador General de Justicia en el estado de Querétaro
La PGR logró una medida cautelar de arraigo por 30 días para los 11 empleados de la caja popular 30 de agosto.
«…Su estatus jurídico es precisamente en situación de arraigo como medida cautelar que gestiono y obtuvo la procuraduría general de la república para poder profundizar en las investigaciones…». Arsenio Durán Becerra, Procurador General de Justicia en el estado de Querétaro
Se trabajará en conjuntos con la autoridad federal, para determinar quién de los detenidos pudiera tener alguna participación directa en el fraude de la caja popular y comprobar si entre los detenidos se encuentra alguno de los socios.
«…son persona que tenían alguna actividad dentro del establecimiento dentro de la caja popular y este luego se tienen que dilucidar cuál fue el rol que cada uno de ellos tenía dentro de la empresas, para que de esa forma se vaya determinando quien pudiese tener una vinculación más directa, quien tiene simplemente el carácter de empleado o trabajador y quien tiene el carácter directiva…». Arsenio Durán Becerra, Procurador General de Justicia en el estado de Querétaro
Hasta el momento suman 800 denuncias, cifra que podría ir incrementando, ya que ha sido habilitada todas las agencias del ministerio público en la capital para atender las denuncias de los afectados por la caja de ahorro.