En sesión ordinaria de cabildo, el Ayuntamiento de Corregidora emitió, por mayoría, su voto a favor de la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de combate a la corrupción y su remisión al Poder Legislativo del Estado.
“Soy un presidente municipal ciudadano y completamente en contra de cualquier acto de corrupción. Uno de mis objetivos es precisamente acabar con esas prácticas, que son las que frenan no solamente al municipio, sino al país entero. Apoyo al 100 por ciento este proyecto”, aseveró Mauricio Kuri González, presidente municipal.
La Ley de Anticorrupción consiste, principalmente, en el nombramiento del fiscal anticorrupción, quien será el encargado de regular a todos los servidores públicos del estado, cuando se considere que existan o se interponga alguna denuncia sobre actos de corrupción.
El fiscal tendrá la facultad para llevar a cabo todas las investigaciones pertinentes y procedimientos para fincar algún tipo de responsabilidad, esto, a la par de las acciones emprendidas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
“Si la ESFE en algún momento determina cuestiones de corrupción, podrá dar vista a la Fiscalía para que entre directamente a realizar la indagación oportuna”, expresó Ernesto Bejarano Sánchez, secretario de Ayuntamiento.
Precisó que con dicha reforma se establecerá la Fiscalía Especializada encargada de revisar a cada uno de los funcionarios del poder estatal y municipal, con el propósito de que no cometan ningún tipo de abuso o delito.
“En gobiernos anteriores y lo estamos viendo a nivel nacional, al no existir los entes competentes, no hay quién fiscalice a los estados o municipios en su actuar día con día. En el caso de Querétaro está la ESFE, quienes pueden determinan si hay cuestiones que pueden ser manejadas como corrupción, sin embargo, no tienen las facultades para actuar en contra de los servidores públicos que están auditando. Lo que se hace es dar vista a las Contralorías para que puedan sancionar, desafortunadamente, el sistema se ha prestado para que estas no se apliquen”, dijo.
Por tal motivo, lo que se busca es que dicha competencia salga del municipio y el estado, para que sea un órgano ajeno el que revise y, de ser necesario, sancione, inicie procedimientos y aplique cuestiones penales.