La Ley señala que en la actualidad la desaparición forzada cometida por los agentes o servidores públicos, no se ha erradicado en su totalidad, teniendo a los sectores más desprotegidos en una situación de vulnerabilidad. También se indica que la conducta de desaparición cometida entre particulares se ha vuelto una modalidad muy recurrida por los delincuentes, aprovechando el vacío legal en que se encuentran las personas reportadas como desaparecidas, pues las autoridades no se encuentran hoy en día obligadas jurídicamente a iniciar Averiguación Previa, ya que no hay delito que perseguir por la autoridad, hasta en tanto no se configure alguno de los delitos existente en el Código Penal del Estado de Querétaro, conducta que ha sido una constante sobre todo en los últimos años ejecutada por individuos o grupos delictivos. Así mismo se busca que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, se encargue de constituir una base de datos genéticos de los restos corpóreos que se levanten por el Servicio Médico Forense del Estado.
Legisladores detallaron se deben instrumentar mecanismos legales así como capacitar a los agentes encargados para que se enfoquen en técnicas de investigación y protocolos de coordinación entre las diferentes entidades para tener una base de datos local que se vincule con una base de datos federal la cual deberá contener los registros de material genético (ADN) de todos los restos levantados en el país por los Servicios Médicos Forenses de las diferentes agencias de investigación, con el objetivo de cruzar la información, buscando identificar positivamente a los desaparecidos.
El Diputado Luis Bernardo Nava Guerrero, indicó que a nivel nacional, existen diversas cifras emitidas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno Federal, que oscilan entre los 24 mil y poco más de 27 mil personas desaparecidas. Mencionó que el acercamiento a diversos ilícitos que pueden comenzar con la desaparición de personas, el legislador motivo a estrechar lazos para analizar el proyecto de esta iniciativa que pretende ser un documento que incorpore diferentes visiones de aquellos involucrados en el tema desde la sociedad civil, las autoridades y académicos siendo este documento un claro ejemplo de cómo es que desde Querétaro se considera que las entidades federativas tienen un papel importante para la atención de estos ilícitos, estableciendo estrategias de coordinación con los municipios, traduciéndolas en herramientas legislativas y operativas con los que la federación ya cuenta.
Añadió que en el Estado de Querétaro la problemática sobre desaparición ha ido en aumento ya que, dijo, la Procuraduría General de Justicia del Estado en su portal de Internet indica la desaparición de 137 personas de las cuales 63 son menores de edad (25 niños y 38 niñas con rangos de edad de 1 a 17 años); 74 son mayores de edad (43 hombres y 31 mujeres) y tan sólo en 2013 se informa que se tiene un registro total de 100 personas desaparecidas.
Así mismo, señaló que la Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) denunció que en Querétaro hay un estimado de 120 personas desaparecidas en al menos dos años en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 28 de febrero de 2013, de los anteriores, 40 casos corresponden a menores de edad y 26 mujeres adultas (reporte emitido el 7 de Mayo de 2013). En lo que compete a la Universidad Autónoma de Querétaro, dijo que ésta reporta que en la zona serrana se tiene el reporte de personas desaparecidas en los siguientes municipios: Jalpan de Serra, 31; Landa de Matamoros, 20; Pinal de Amoles, 39; Arroyo Seco, 31; Peñamiller, 51 y en Tolimán, 60.