En Comisión de Planeación y Presupuesto de la LVII Legislatura, se aprobó el Dictamen la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones del Decreto por el que la Legislatura declara que en la Legislación local ha quedado incorporado el Sistema Procesal Penal Acusatorio y declara el inicio de la Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de Querétaro, la cual es producto de dos iniciativa de ley acumuladas a efecto de emitir un dictamen conjunto, turnada por la Mesa Directiva.
De este dictamen se desprende que, como resultado del trabajo institucional entre los Poderes del Estado, conjuntamente con la participación de la comunidad jurídica y de la académica de la entidad, se logró la armonización del sistema jurídico estatal con las nuevas disposiciones constitucionales, mediante la expedición de los cuerpos normativos reformados, a fin de alinear su contenido con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el ánimo de dar cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas al Estado, fue publicado el Decreto por el que la LVII Legislatura declara que en la Legislación Local ha quedado incorporado el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Declara el Inicio de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando establecida la entrada en vigor en nuestra Entidad en tres etapas:
El 2 de junio de 2014: en los Distritos Judiciales de San Juan del Río, que comprende los Municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo; y Amealco de Bonfil, integrado por los Municipios de Amealco de Bonfil y Huimilpan. El 29 de septiembre de 2014: en los Distritos Judiciales de Cadereyta de Montes, que comprende los Municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y San Joaquín; Tolimán, que abarca los Municipios de Tolimán, Colón y Peñamiller; y Jalpan de Serra, que está integrado por los Municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco. El 30 de marzo de 2015: en el Distrito Judicial de Querétaro, que comprende los Municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora.
A la fecha, el Sistema Procesal Penal Acusatorio solamente falta de operar en los tres últimos municipios, dando continuidad al proceso de implementación del mencionado Sistema Procesal Penal, tanto en el seguimiento de las dos primeras etapas, así como en lo relativo al inicio de operaciones en el Distrito Judicial de Querétaro, que comprende tres de los municipios con mayor población en el Estado: Querétaro, El Marqués y Corregidora.
Los considerandos del dictamen precisan que en el mes de febrero, en sesión ordinaria de la Comisión, las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, expusieron los avances registrados sobre las obras así como los requerimientos de la tercera etapa en cuanto a nómina se refiere, toda vez que son los municipios con los que mayor población cuenta, situación que implica una dificultad para concluir las acciones proyectadas en los plazos programados, los cuales, inclusive, se han previsto hasta agosto de 2015.
Derivado de lo anterior, la Comisión Implementadora, compuesta por la Procuraduría General de Justicia, Los Colegios y Barras de Abogados, y el Poder Judicial entre otros, advierten la necesidad de la estimación de un nuevo presupuesto, sobre la base de un ejercicio de racionalización por parte de las instituciones y dependencias operadoras, además de que se consideró no viable implementar la tercera fase en el Distrito Judicial de Querétaro, en la fecha señalada para el 30 de marzo, proponiendo la modificación del citado Decreto, para que suceda el 1 de septiembre de 2015. De la información desahogada se concluye la insuficiencia de recursos para que Sistema Procesal Penal Acusatorio inicie operaciones en el Distrito Judicial de Querétaro, razón por la que, se estima indispensable prorrogar al 1 de septiembre de 2015 la entrada en vigencia de la tercera etapa, debiendo realizarse las adecuaciones normativas necesarias para tal efecto.
El presidente de la comisión legislativa, Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola consideró que el punto relevante que maneja esta reforma es el aspecto presupuestal y el aspecto que solicita la comisión implementadora de este sistema para que exista una nueva fecha de este mismo año en donde se pueda dar por iniciado en todo el territorio la vigencia de este sistema. El legislador hizo hincapié en que el congreso y las instituciones en el estado se encuentran absolutamente en tiempo y forma, toda vez que el sistema judicial que mandata la Constitución federal que se debe implementar, tiene fecha límite hasta julio de 2016.